Resumen

Este artículo pretende contribuir a la discusión acerca de las bases políticas y normativas sobre las que se debe configurar un modelo de debido proceso penal, que articule su funcionamiento no sólo como un sistema de garantías para el procesado, sino como un escenario para el reconocimiento y tutela procesal de las víctimas. A partir de un análisis normativo, se puede concluir que dicho modelo de proceso tiene cabida dentro de la concepción política establecida en las constituciones española y colombiana.